La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Aceiteros) convocó este jueves 19 de febrero a un paro nacional como medida de protesta contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una señal de endurecimiento del conflicto gremial que presiona también a la Confederación General del Trabajo (CGT). La huelga fue anunciada por su titular, Daniel Yofra, quien sostuvo en declaraciones periodísticas que las protestas “no alcanzan solo manifestarse en las calles” y llamó a intensificar las medidas frente a un Ejecutivo con el que admitió no tener diálogo.
“El paro es una herramienta fundamental, somos producto de los paros y de las huelgas”, afirmó Yofra a Infobae, donde lanzó la convocatoria, y agregó que se trata de una respuesta al avance de un proyecto que, según él, atenta contra derechos laborales.
La huelga de aceiteros se ubica en el marco de un creciente plan de lucha gremial en rechazo a la reforma laboral, que ya logró media sanción en el Senado y ahora se encamina a ser tratada en la Cámara de Diputados. Sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, las dos CTA y otros gremios afines ya vienen reclamando a la CGT que convoque a un paro general con movilización al Congreso, argumentando que sin una huelga nacional será difícil frenar o modificar aspectos clave del proyecto oficial.
La convocatoria de los aceiteros también busca presionar a la CGT, que se reúne este lunes para analizar la posibilidad de un paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma laboral. Sectores internos de la central obrera sostienen que “están dadas las condiciones” para la medida de fuerza total, mientras que la conducción dialoguista mantiene discusiones internas sobre la conveniencia y el momento de una huelga masiva.
El paro aceitero se suma a otras medidas de protesta sindical que se vienen dando en los últimos días, como marchas y acciones sectoriales, en un clima social cada vez más tenso alrededor de las reformas impulsadas por el Gobierno.
En ese contexto, la iniciativa oficialista —calificada por varios sindicatos como regresiva y lesiva para los derechos adquiridos— continúa su tramitación en el Congreso, mientras las organizaciones gremiales buscan ampliar el impacto de sus medidas de fuerza para influir en el debate legislativo.