Quiso esquivar un pozo y volcó un camión que transportaba arena destinada a Vaca Muerta. “Vi que hay un pozo muy grande y como venía otro camión de frente tuve que esquivarlo. La banquina está muy descalzada y con barro, así que el camión se me fue. Está explotada esta ruta”, dijo el conductor a medios locales. Lo que sucedió este jueves en la ruta 151 en Río Negro se replica de a decenas cada mes en los caminos nacionales.
En marzo de este año por la vía 50 en Orán, Salta, una colisión entre una camioneta, un camión y un tercer vehículo dejó cuatro heridos que requirieron atención médica urgente. En la ruta 127 por Bovril, Entre Ríos, fallecieron tres miembros de una familia y una adolescente quedó con heridas graves tras choque frontal. En ese mismo mes, pero por la 11 en Vera, Santa Fe, hubo múltiples vuelcos y colisiones durante un fin de semana largo. Ese mismo camino en Clorinda, Formosa, vio un muerto y dos heridos en un siniestro a fines de 2025. En ese diciembre, la ruta 9 protagonizó a la altura de Humahuaca, Jujuy, un incidente entre un camión y un colectivo con una víctima fatal y más de veinte heridos. Ese mismo mes un sargento del servicio penitenciario provincial murió tras un triple choque contra una camioneta y un camión en la nacional 16 por Chaco. Estos son algunos de los múltiples casos que dejaron sus constancias los diarios provinciales de estos meses.
El 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, con alto riesgo de siniestralidad vial y subas en la tasa de mortalidad. Así se desprende del último informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), que proyecta que para el bienio 2027-2028 la situación sin obra pública se podría agravar mucho más, a pesar de las privatizaciones que lleva adelante el Gobierno. “El concesionario podrá aplicar los cuadros tarifarios que resulten de las licitaciones recién una vez finalizadas las obras iniciales de puesta en valor de cada tramo y cumplidos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones técnicas generales”, comentaron a PERFIL desde la Dirección Nacional de Vialidad.
Si bien el Ejecutivo planteó esta salida para el arreglo de los caminos, los trabajadores viales aclararon que las mejoras de peso que deben realizar los concesionarios figuran recién en el octavo o décimo año de algunos contratos.
Más aún, los fondos necesarios para los arreglos los pagan a diario los argentinos a través de diversos tributos, incluido un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos. El ICL volvió a aumentar el viernes y pasó de representar el 9% al 18% del precio de la nafta súper. Por ese concepto con asignación específica, Vialidad recibe $ 534 mil millones extra anuales. De acuerdo a los registros de ARCA procesados por el Instituto Argentina Grande (IAG), el Ministerio de Economía lleva acumulados $ 1,35 billones desde que asumió Luis Caputo en 2023. Con ese monto se podría haber cubierto el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de red: un cuarto del total existente, que equivale a más de dos veces la distancia de Ushuaia a La Quiaca.
Esa desinversión sale cara. Recuperar las rutas nacionales costará diez veces más de los que se hubiese gastado para mantenerlas. Mientras que tener en condiciones el total de los caminos implicaría US$ 4.213 millones, rehacer la infraestructura desde la situación actual costaría US$ 40.773 millones. De esos, US$ 23.240 millones implican las nacionales, todo según los cálculos del IAG.
“Casi tres años sin obra pública. Única nación en el planeta con este modelo. Milei gobierna el octavo país más grande del mundo y no construyó un solo kilómetro de ruta durante su mandato. Son el colmo de la ineficiencia para gobernar. Van a dejar este país intransitable, con familias destrozadas por accidentes evitables y producciones completas sin poder transportarse”, tuiteó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, al citar un video de camiones intentando circular por una ruta nacional 151 llena de cráteres que los obligan a reducir la velocidad a paso de hombre. El funcionario de Axel Kicillof lidera un reclamo con más de 100 intendentes de todo el país para que Nación ejecute los fondos que recaudó por el ICL. Llevó incluso hace algunos meses un petitorio al Palacio de Hacienda en un acto masivo, acompañado también por la Federación Argentina de Municipios que preside Fernando Espinoza, mandamás de La Matanza.
Es que en la provincia de Buenos Aires la situación también es de alto riesgo vial. De acuerdo con un relevamiento realizado por PERFIL en múltiples distritos, la autovía 3 en el tramo San Miguel del Monte–Azul, la 5 en Mercedes–9 de Julio y la 7 en Chacabuco-Carmen de Areco se encuentran saturadas por cargas agroindustriales y con obras paralizadas por Nación. Los accesos al Puerto de Bahía Blanca presentan congestión de tránsito pesado y particular, con trabajos parados. La ruta 33 presenta fallas estructurales donde la base del asfalto cedió en Bahía Blanca-Rosario. Además, en La Rioja, la 38, que va de Tucumán a Córdoba, tiene cráteres que hacen difícil el tránsito. Situación similar se da en las 79 y 153.
Desde La Pampa comentaron que “el desgaste no es uniforme: al principio, la caída en calidad es lenta, pero hacia el final de la vida útil, el deterioro se acelera rápidamente. Por eso, es fundamental hacer mantenimientos en las primeras etapas del desgaste. Si no se actúa a tiempo, las rutas llegarán a un punto en que ya no podrán ser reparadas con mantenimiento, y será necesario hacer una reconstrucción completa”. El mal estado de los caminos nacionales desvía el tránsito a las vías provinciales, lo que complica aún más la situación de las provincias.
Donde los gobiernos locales que tienen la capacidad financiera tratan de ocupar un mayor protagonismo ante la falta de respuesta nacional. Nación comenzó a delegar en provincias la facultad de concesionar rutas nacionales, con lo que busca acelerar mantenimiento e inversión en corredores críticos. Se trata de caminos con grandes necesidades de obra pública.
Varios gobernadores ya habían avanzado en asumir funciones sobre rutas ante el deterioro vial y la falta de inversión. Estos esquemas fueron puntuales y centrados en mantenimiento y operación, pero no en todos los casos se logró un acuerdo. Tal ese caso de las 151 y 22 en Río Negro. “Hay desinterés y desidia de Nación. La 151 es la que saca todos los productos de Vaca Muerta, que es la región que más ingresos le generan al país”, plantearon desde el gobierno provincial a este medio.
El deterioro crítico y saturación vial en corredores nacionales estratégicos generado por el Gobierno nacional al no ejecutar los fondos que recaudó para tal fin perjudica también la competitividad logística.
Mientras que ya es compleja la situación con los volúmenes actuales de carga, las proyecciones de crecimiento para minería e hidrocarburos, que implican mayores distancias que el agro, enfrentan a un desafío urgente. Hoy se trasladan 128 millones de toneladas por año, y cálculos privados plantean que para 2035 este guarismo crecerá a casi 194 millones de toneladas. Ante esto, sólo el mantenimiento no será suficiente si no viene acompañado de una modernización de los caminos, que implica una inversión que había comenzado el Estado nacional pero que se frenó en 2023.
Maquillaje financiero. La decisión de inmovilizar la obra pública sirvió para apuntalar momentáneamente las cuentas del Tesoro Nacional, pero incluso “manotear” el impuesto a los combustibles líquidos y tantos otros de asignación específica no fueron suficientes para inflar el superávit fiscal. En junio, Caputo registró un déficit primario y financiero de las cuentas públicas.
El deterioro severo de la logística terrestre presentó el argumento perfecto para una nueva privatización. El ministro dispuso un esquema de concesiones por 20 años, que es duramente criticado por los trabajadores afectados. “Es una inversión de riesgo cero y un negocio financiero. No prevén grandes obras. Es poco para 20 años de concesión”, explicó ante PERFIL Fabián Cattanzaro, secretario general adjunto de Fepevina. “Dicen que es inversión privada, pero el Gobierno pone el dinero y las garantías para los créditos”, esgrimió.
Pagan deudas a contratistas
Los contratistas de la obra pública paralizada por el gobierno nacional se inscribieron en un registro que creó el Estado para regularizar las deudas que acumula desde 2022.
Mediante una resolución del mes pasado, el Ministerio de Economía habilitó a las empresas constructoras a anotarse para poder cobrar por hasta $ 220 mil millones de sus acreencias de los últimos cuatro años en bonos. La cartera aclaró que se limitarán a abonar ese monto que, en el sector privado, no tienen claro que abarque la totalidad de la deuda existente al momento.
“Entre no cobrar nada y hacerlo en bonos, preferimos esta opción”, coincidieron ante PERFIL algunos de los beneficiados por esta decisión.
Se tratará de títulos a corto plazo que el Ejecutivo les aclaró serán emitidos casi a la par, lo que les permitiría revender en el mercado secundario si tuvieran la necesidad de liquidez.