Se trata de la opción del Poder Ejecutivo tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso en 2024.
Luego de la sanción de ámbas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario con la excusa de mantener el déficit cero aún a costa de la educación superior de todo un país, pero finalmente el Congreso ratificó el texto que había aprobado.
Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía.